Análisis de contexto
Hemos comenzado el año tal y como lo acabamos: con la evidencia sustancial de un cambio de era que está poniendo al mundo patas arriba, y en el que está claro que ya no valen los principios y acuerdos establecidos tras los consensos de la segunda guerra mundial en el cada vez más lejano siglo XX.
Conviene señalar que con tales paradigmas. se ha avanzado enormemente en aquello de asegurar una cierta prosperidad y paz mundial: de hecho, podemos afirmar de que se trata del período más largo de toda la Historia en este sentido, y en ello mucho ha tenido que ver la consolidación en occidente de un modelo de democracia amparado en los principios liberales.
No obstante, el camino nunca ha sido fácil sobre todo por la gran cantidad de obstáculos y dificultades que se han tenido que ir sorteando. Y es que la Historia, a grandes rasgos, se escribe a través de patrones constantes de repetición que vienen condicionados por la intercalación de momentos de progreso con otros más reaccionarios, en donde el odio y el rencor funcionan como catalizadores a la hora de levantar banderas tribales con las que subvertir el orden de prosperidad general.
En las siguientes líneas vamos a tratar en analizar alguno de esos peligros que están poniendo en serios problemas las democracias tal y como las conocemos hoy; en concreto, al fenómeno referido por el sociológico Zygmunt Bauman como el de las Retropías, es decir, corrientes de pensamiento basadas en la construcción de relatos en donde es esencial aplicar una mirada retrospectiva hacia un pasado concreto considerado como ideal, y cuyos patrones presentan a la ciudadanía desencantada como la única solución a los problemas y desafíos con los que se encuentra. Además de este nexo en común, entre ellas, se establece un mismo modus operandi: suelen estar defendidas por partidos que abrazan al populismo y al radicalismo, los cuales, en la concepción de su realidad, utilizan un análisis supuestamente crítico-deductivo pero que lo que esconde realmente es una visión sesgada e historicista de la realidad. El propósito no es otro que el de llevar a la obtención de conclusiones muy claras, siempre dirigidas a dibujar el pasado elegido como el mejor de los posibles, y por lo tanto, al que hay que volver conducidos siempre por un caudillo que ha nacido para tal fin.
Los ejemplos más significativos de esta nueva-vieja ola la encontramos tanto en la Rusia de Putin con su despertar imperialista, o el propio Estados Unidos de la administración Trump, empeñado en hacer América grande otra vez.
En España también tenemos nuestra particular cuota de la misma medicina. Basta con que nos paremos a analizar el panorama político para darnos cuenta de su presencia, curiosamente, entre los partidos ultras. Además de este rasgo en común, en nuestro caso, también aparece otra cuestión que les acerca, y es precisamente el período histórico donde hay que mirar, distinto en su concepción y en hechos pero tan próximo en el tiempo que uno sin el otro no se entendería.
Estamos hablando, claro está, del régimen de la segunda república por un lado (1931- 1936), que para los partidos de izquierda radical siempre fue un mantra edénico al que reivindicar, así como el de la posterior dictadura militar franquista (1939-1975), el ideal sublime para los que alzan las banderas del pensamiento ultra de la otra España. Y entre medio de ambos, una guerra civil a la que hunos y hotros (como diría Unamuno) se acusan mutuamente de haber desencadenado.
Conviene señalar que ambas leyendas y sus correspondientes relatos no son una novedad ni mucho menos: lo que sí es propio de estos tiempos que corren en donde la polaridad ideológica parece haber adquirido una fuerza atractiva como no se había visto nunca en los últimos cincuenta años, es precisamente su grado de sublimación. La gran cuestión es dilucidar el cómo hemos llegado hasta este punto puesto que el por qué ya lo hemos argumentado anteriormente.
En este sentido, hay una teoría que sostiene que debemos remontarnos a la primera década de siglo, en concreto 2007, año en el que se promulgó la polémica Ley de memoria histórica durante la administración que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.
Tal y como así se estableció en su momento, la citada iniciativa legislativa venía a paliar los daños morales y de otra índole producidos en aquellas personas y sus familiares que fueron víctimas tanto del conflicto bélico antes citado, como del posterior régimen militar surgido del mismo. La realidad ha sido que, lejos de ser un ungüento con el que curar heridas no cicatrizadas, la propuesta no ha sido vista como tal por buena parte de la ciudadanía, sobre todo a raíz de la vuelta de tuerca dada por la actualización de la citada norma, ahora renombrada como Ley de memoria democrática.
¿Pero qué hay de verdad o de mentira en todo este argumentario que anda alimentando la polarización de una manera tan exponencial? ante este coyuntura, es natural que la sospecha de fraude acabe promoviendo el interés de aquellos que llevamos por bandera un espíritu crítico que nos mueve a descubrir por el mero hecho de hacerlo, y con la sana intención de descoser falacias que vienen dadas desde los discursos más interesados.
Este y no otro ha sido el motivo por el que he considerado acercarme al contexto histórico objeto de las polémicas y poder construir así una idea propia nutrida a partir del análisis de fuentes primarias.
A todo lo anterior y para tener una visión meridiana y caleidoscópica del contexto, hay que añadir que en la consulta realizada y de la que sobre estas líneas acaso se presenta un pequeño esbozo, dimos por bueno centrar el tiro en la cercanía del entorno, siendo Extremadura y alguno de sus pueblos el laboratorio sobre los que poder trabajar, puesto que como sostenía Tolstoi, es en la aldea y entre sus lugareños donde mejor cristaliza el alma pura de un Pueblo. Conocer las realidades particulares de los vecinos es conocer la verdad con mayúscula, es decir, del real impacto que la cuestión general de un proyecto político implica en su propio devenir. Ésta es a mi juicio la forma más justa de analizar los hechos históricos con una perspectiva rigurosa.
Sobre dicha premisa, nos lanzamos al vacío con la mera intención de poner ojos y oídos a ciertos testimonios fiables que pudieran ayudarnos a crear luz entre tanto tiniebla, y hete ahí que pudimos conseguirlo. Gracias a las memorias escritas y publicadas por algunas personajes anónimos, los ensayos de cronistas oficiales así como a las actas plenarias municipales logramos, creo yo, construir una visión general pero acertada de cómo era la vida en esa Extremadura rural de hace 90 años, utilizando como modelo el municipio pacense de San Vicente de Alcántara y los acontecimientos vividos entre 1914 y 1939.
A continuación vamos a compartir algunos de los hallazgos más significativos encontrados y que a mi juicio pueden ser claves para cargarse de rigor a la hora de valorar qué hay de verdad y qué hay de mito en la lectura que de esos tiempos antiguos realizan tantos nostálgicos aún hoy casi 100 años después.
Análisis cronológico
Si arrancamos nuestro análisis en los últimos años de la Restauración borbónica (1914), el escenario que se nos dibuja en las sesiones plenarias es la de un régimen en sus últimos estertores, decadente y sumamente corrupto, en donde los equipos de gobierno se sucedían de acuerdo con ese llamado turnismo de partidos aunque con una interpretación local muy singular. Realmente, los regidores municipales (y estoy argumentando en función de los hechos particulares de la villa en cuestión), podían sin ningún tipo de reparo cambiar de partido según interesara al propio cacique (que era quien proponía de facto al alcalde), un hecho de dudosa moral que a pesar de la rigurosa organización del régimen y la censura, se denunciaba desde dentro (es decir, en los propios plenos) tal y como hacían en San Vicente de Alcántara un día sí y otro también “la minoría republicana” (como así les tildaban en acta), y que por entonces tenía una presencia testimonial en la corporación.
También era habitual que según la conveniencia de los órdenes superiores (es decir desde la gobernación civil provincial), se cesara al alcalde y/o concejales ante procedimientos judiciales abiertos por motivos diversos, como pudiera ser la prevaricación o mala gestión de las arcas públicas tras una mala aplicación del temido procedimiento de reparticiones de utilidades, es decir, la aplicación de criterios supuestamente objetivos para los tributos con los que gravar a las rentas, un procedimiento sujeto a mucha polémica ante la sombra continua de la corrupción. De la primera cuestión que citamos, hay un episodio descrito que puede valernos como paradigmático de cara a interpretar las formas del régimen.
En concreto, afectó a un regidor cesado en su cargo por haberse demostrado su uso particular de la alcaldía en beneficio propio tras dos maniobras ilegales denunciadas por esa minoría liderada por el que luego sería primer alcalde republicano de la villa, el socialista Antonio Sendras: la primera, liberar fondos para el pago de deudas a una empresa particular con la que el alcalde tenía vínculo profesional, saltándose así los protocolos establecidos para el abono de acreedores en la situación en la que se encontraba el ayuntamiento (prácticamente en concurso de acreedores). La otra, implicó el uso de su bastón de mando de cara a amedrentar a cierto industrial acreedor de la firma para la que el alcalde prestaba favores, y de la que por supuesto cobraba. La doble ilegalidad e inmoralidad, fue recibida por la sociedad sanvicenteña de la época como todo un escándalo, no sólo por la cuestión en sí sino por la manera en la que se resolvió el asunto. Ante el cese del alcalde, la corporación en el ejercicio de sus funciones y según las leyes que regían el funcionamiento de los ayuntamientos, eligió a un nuevo regidor que resultó ser de tendencia republicana. Bien es cierto que las votaciones se llevaron a cabo un día en el que había muchas ausencias de los concejales, pero la realidad es que el gobernador civil declaró nula la votación e impuso a un nuevo alcalde de su consideración en una sesión plenaria muy tosca a la que asistió el juez local como representante gubernamental, y en la que la guardia municipal y los carabineros tuvieron que desalojar el salón de plenos ante las voces enfurecidas de los ciudadanos que asistieron al acto. El colofón al episodio tuvo lugar un tiempo después cuando al regidor defenestrado se le volvió a habilitar para la función pública por gracia del propio gobernador, retornando a la casa consistorial un tiempo después como concejal del equipo de gobierno que presidía uno de sus concejales, y demostrándose así nuevamente la endogamia que existía dentro de las esferas locales de poder.
En cuanto a la política municipal se refiere, a lo largo de los años, las grandes iniciativas estuvieron encaminadas a sofocar ciertos problemas estructurales que dificultaban enormemente la vida en la localidad.
En primer lugar, fue objeto del interés municipal de todas las administraciones y regímenes del período del que hablamos erradicar el paro obrero que, desde principios de siglo, fue creciendo exponencialmente en la localidad hasta llegar a niveles insostenibles ya durante el período republicano. Debemos pararnos un momento a realizar una breve exposición sobre dicho asunto para así entender la dinámica propia, ya que la realidad del municipio se escapa de lo que fue el contexto de la región en aquellos tiempos: San Vicente de Alcántara no fue un pueblo eminentemente agrícola, como así podemos entender en otros municipios simplemente porque no había tierras suficientes para explotarlas (su término municipal es bastante pequeño en comparación con localidades limítrofes), y por lo tanto, los braceros tenían que salir fuera para ganarse la vida. Lo que sí consiguió gracias al ferrocarril, la cercanía de Dehesas y al saber hacer traído por maestros corcheros ingleses, onubenses y gerundenses, fue una industria singular, la corchotaponera (como así se llamaba entonces) que poco a poco acabó arraigando en la villa hasta convertirse en el eje vertebral de su economía. Pero este milagro sirvió para que de manera secundaria, la suerte del municipio quedara ligara ya a la del negocio, el cual sufrió fluctuaciones constantes a lo largo de aquellos años dados los desafíos con los que tuvo que enfrentarse, y que provocó cambios y reorganizaciones internas promovidos tanto por factores externos (guerras, demanda mundial de productos) como internos (luchas y recelos entre productores y fabricantes). Esto explica en gran manera dicha caída sostenida que solamente se contuvo ya durante el período franquista, y tras la especialización casi en exclusiva como fabricantes de productos intermedios (corcho en plancha) con los que suministrar a los terminadores de corcho elaborado (portugueses y catalanes).
Hay que reseñar que a diferencia de otros territorios corcheros como Cataluña, las presiones que desde el negocio sanvicenteño se pudieran haber hecho a nivel político para mejorar la situación fueron prácticamente inexistentes, demostrándose así que en Extremadura y en particular en San Vicente, no había un funcionamiento gremial organizado (un lastre que ha acompañado al negocio hasta nuestros días), tal y como se deduce de las crónicas que Ramiro Medir hace en su Historia del Gremio corchero: de hecho, y aunque aparentemente se cuenta con ellos para la toma de decisiones a nivel estatal, la realidad es que tales iniciativas sobre todo vienen condicionadas por los intereses particulares del tejido empresarial gerundés y el de los grandes propietarios de alcornocal, condicionantes que en muchas ocasiones eran contrarios a los intereses de las industrias corchotaponeras sanvicenteñas. Eso se deduce de los resultados obtenidos en las asambleas que el negocio corchotaponero mantuvo en Madrid en varias ocasiones dada la urgencia del momento, y en la que participaron integrantes del gremio a nivel nacional junto con grandes figuras parlamentarias del momento tales como el malogrado José Canalejas. En todas esas reuniones y como representante de los obreros sanvicenteños y de los empresarios acudiría siempre a los encuentros la misma persona, un tal Manuel Guerrero Alcorlio, figura local más que interesante y al que luego le dedicaremos algunas palabras.
Las políticas que se impulsaron y que fueron orquestadas sobre todo por el intereses del núcleo catalán (con gran influencia en las cortes), iban destinadas sobre todo a evitar la exportación del corcho semielaborado y crudo, además de intentar paliar los grandes problemas estructurales derivados de la coyuntura mundial desencadenada por la gran guerra (1914-1918). El desastre del conflicto se había traducido en un frenazo en seco de las exportaciones de corcho español sobre todo en dirección a sus grandes clientes, las potencias del eje, con el consiguiente problema de cierre de empresas y de paro masivo.
En este sentido, y para San Vicente, no se observa en el debate público que ni los industriales ni tampoco los obreros se manifestaran con la vehemencia que sus colegas del norte hicieran frente a la falta de trabajo o a la precariedad de los existentes con salarios muy bajos especialmente en Extremadura y Andalucía. Así, mientras que en localidades gerundensas como San Feliú de Guíxols o Palamós, se organizaban huelgas masivas con éxito de participación, en Extremadura, y en concreto en San Vicente, el negocio funciona con total normalidad.
Pero la situación para las industrias sanvicenteñas distaba mucho de ser próspera: esto se puede deducir a partir de algunos datos aparecidos en las actas de las sesiones plenarias del ayuntamiento, como por ejemplo la declaración institucional emitida a finales de 1914 donde la corporación local transmite su preocupación ante las dificultades derivados de la guerra europea en cuanto a los problemas de logística para hacer llegar a las potencias del eje los corchos españoles, lo que debería hacer buscar otros mercados alternativos como el anglosajón más accesible por el limítrofe país luso.
Otro dato irrefutable que debemos mencionar son los cada vez más numerosos casos de solicitudes de ayuda de socorros peticionados por obreros corchotaponeros al ayuntamiento con la intención de irse a buscar trabajo a Portugal.
Precisamente, fue la mendicidad uno de los problemas más relevantes con los que tuvo que bregar la administración local, y que con el paso de los años fue in crescendo hasta el punto de que a mediados de los años treinta, en el registro de personas pobres de solemnidad había anotadas entre cuatrocientas y seiscientas personas (para un pueblo de diez mil habitantes), y a las que se les gratificaba testimonialmente con ayudas por viudedad, lactancias, visitas al hospital provincial de Badajoz o para el pago de los medicamentos (otro asunto escabroso que dio bastante quebraderos a las corporación dada las deudas contraídas con las farmacias locales y su constante amenaza de rescisión de contratos de suministro). Podemos entender este sistema de ayudas como el precursor del actual Estado de Bienestar, el cual, como decimos, estaba sufragado íntegramente por las maltrechas arcas municipales.
Por último, hemos de hablar de los esfuerzos pírricos realizados por tales corporaciones a la hora de intentar modernizar los servicios públicos en términos de electrificación, reparación de caminos y calles ( a cuyas obras se recurría cuando el paro se convertía ya casi un problema de orden social, tal como sucede ahora), escuelas así como el del abastecimiento de aguas limpias y canalización de las negras.
Cabe señalar al respecto el notable contraste existente para esa época entre las realidades catalanas y extremeñas, tal y como se deduce al comparar la información contenida entre las actas plenarias sanvicenteñas y la obra Historia del gremio corchero, en donde se describe para los municipios gerundenses de la comarca de la Selva un nivel de prosperidad evidenciable en infraestructuras que resulta ser inimaginable para un pueblo de la provincia de Badajoz como San Vicente, estando hermanados todos ellos por el mismo modelo productivo: la explotación del corcho. No obstante, había un único elemento a favor del municipio pacense con respecto a sus homólogos catalanes, y ese era el paso del ferrocarril, un anhelo por el que pueblos como el de San Feliu de Guíxols siempre suspiraron.
El fin del período del turnismo y la venida de la dictadura militar de Primo de Rivera (1923), no supuso un gran cambio en términos de las políticas municipales y los asuntos a despachar.
En cuanto a la corporación, hay que señalar que el regidor, siempre el mismo durante los siete años de Primo en el poder, procedía del anterior régimen. También otros representantes, si bien entran en escena nuevos nombres como por ejemplo la primera mujer concejal de la corporación municipal llamada Guadalupe Tejeda (un hecho insólito que no tuvo otros procedentes hasta la llegada de la democracia tras la muerte de Franco). Por otro lado es destacable el intento del régimen de hacer representar “todos los estamentos sociales”, como en algún momento se declara en las actas, y que se puede deducir justamente a partir de las ortografías de los miembros de la corporación, algunos de ellos casi rozando el analfabetismo.
Precisamente y tomando como válido el ambiente que se puede imaginar a partir de tales escritos, hay que subrayar que en dichas sesiones deja de aparecer el anterior ruido de fondo de la crispación que a veces afloraba entre los concejales, algo esperable por otro lado en un régimen dictatorial.
Tampoco se observan mayores dificultades para aprobar las cuentas y presupuestos, demostrándose así una economía saneada que permitía afrontar pagos corrientes así como nuevas inversiones en obra pública de forma directa o por endeudamiento, como fue el caso de la faraónica traída de las aguas de consumo desde el manantial de aguas claras (a varias decenas de kilómetros de la localidad) así como la realización de la red de acometidas urbanas.
Cabría comprobar si dicha novedosa liquidez para un ayuntamiento tan poco sostenible hasta la fecha obedece realmente a la mejora en la gestión económica de la corporación, o a las políticas coercitivas de la “recaudación por apremio” tan cruentas durante el período de la guerra civil como luego apuntaremos. Dicho dato nunca lo sabremos puesto que no existe una fuente de consulta distinta a la oficial. No obstante, la realidad es que las cuentas mejoraron ostensiblemente y la gestión de los fondos fue la apropiada como así declaró el ayuntamiento republicano recién constituido en 1931 tras la realización de una auditoría que se ciñó precisamente en el período de la dictadura.
También son reseñables los esfuerzos realizados para la dotación de nuevos edificios para las escuelas públicas, así como la continuación en las gestiones realizadas para la conversión de aulas municipales en escuelas nacionales, y que afectaban de lleno al caserío de Los Cochos en la sierra de Mayorga. En este último asunto, además de las fuentes oficiales que claramente denotan el régimen de abandono y precariedad del aula (aparece regularmente en el orden del día de los plenos), disponemos de un opúsculo titulado La vida en la sierra de Mayorga publicado por uno de los maestros que por allí pasaron, el tal Manuel Guerrero Alcorlio al que antes ya mencionamos, y donde denuncia de forma vehemente el estado deplorable no sólo de la escuela, sino de la forma de vida de los lugareños en el caserío.
La figura del maestro que nunca fue maestro como así mismo declaraba el interesado, es harto singular. Las pesquisas realizadas lo vinculan por primera vez con el negocio corchero ya en 1903, tal y como se relata en la Historia del Gremio Corchero a propósito de la primera asamblea nacional del negocio, puesto que fue él el enviado como representante local tanto del sindicato La Proletaria corchera sanvicenteña como de los industriales locales. No sería el único foro del ramo al más alto nivel al que asistiera: vuelve a aparecer su nombre en 1924 a propósito de un encuentro ibérico de corcho ocurrido en Madrid. También en 1932 como miembro de la comisión mixta corchotaponera creada durante el período republicano.
Por desgracia, sobre su persona, pocos datos se disponen salvo algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que ejerció primeramente como alguacil local aunque luego fuera desplazado como maestro municipal a las escuelas de Los Corchos en 1924, un hecho que el propio Guerrero denunciaría como decisión punitiva tomada por el alcalde en base a la inquina que le profesaba, probablemente debido a su filiación republicana y su activismo político del que da cuenta Federico Martín Amor en sus memorias. En dicho puesto estuvo hasta su renuncia ya con el advenimiento de la república aludiendo a motivos de salud. A partir de ese momento, oficialmente, su voz queda silenciada por completo, y con ello, la posibilidad de poner luz ante algunos enigmas notorios que su figura suscitan, como es el hecho de encontrar el motivo de su vínculo con al negocio corchero local, no habiendo sido industrial ni tampoco obrero (al menos según las fuentes), aunque sí muy respetado por unos y por otros.
Pero sigamos nuestro camino: el período que trasciende a continuación, conocido como el de la dictablanda, y que supone el derrocamiento de Primo de Rivera en enero de 1930 y la llegada al gobierno central del general Berenguer, no suscitó excesivos cambios en los asuntos municipales. En todo caso, lo que implicó fue la dimisión en bloque de la corporación y que el gobernador civil nombrara transitoriamente a un nuevo consistorio municipal compuesto por concejales que ya habían ejercido durante el período democrático, incluyendo claro está a esa minoría que acabaría trayendo la segunda república al país.
Analizar dicho período con los condicionantes que estamos asumiendo en nuestra argumentación es especialmente interesante, puesto que si hay un régimen en la Historia de nuestro país que se declara abiertamente municipalista es el republicano; por lo tanto, mirar a la realidad de los municipios en la España de aquel momento histórico y a sus cambios permite detentar una opinión bastante clara del resultado de sus políticas.
Y ante eso los hechos son irrefutables: claramente y aunque los intentos de regeneración en materias esenciales como la educación y demás derechos universales estuvieron siempre encima de la mesa, la herencia republicana podría considerarse como desastrosa si tuviéramos en cuenta dos pilares fundamentales que de alguna manera permiten testar el progreso y el desarrollo de un país; la paz social y el desarrollo económico. Tanto en un caso como en el otro, al final del período ambos factores se encontraban en una situación mucho peor que tras su advenimiento: la polarización política se convertiría a la postre en una brecha cada vez más grande que desembocaría en una cruenta guerra civil donde el ajuste de cuentas acabó sobrepasando el fanatismo ideológico (que ya por sí era grande). En lo que respecta a la cuestión económica, los apuros de administraciones locales como la sanvicenteña, se fueron agravando con los años hasta llegar a un situación verdaderamente dramática en donde se rozó la bancarrota.
Veamos a citar algunos datos significativos que apoyan dicha exposición.
Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en San Vicente de Alcántara no distaron en nada a lo que ocurriría en la gran mayoría de municipios del país: victoria aplastante de la coalición socialista-republicana encabezada en este caso por el líder local Antonio Sendras, ya mencionado anteriormente.
La figura que se nos dibuja de Sendras en diversos testimonios es el de una persona bondadosa, conciliadora, ilustrada y con un trágico final fruto de la bárbara represión que hubo en la localidad tras el comienzo de la guerra.
El edil, junto con su equipo de gobierno en el que también estaba Ramón Camisón, otro ilustre mártir también pasado por armas tras el inicio de la contienda pero por el otro bando, tuvieron que enfrentarse a los grandes retos y problemas estructurales existentes, y para los que la república no presentó soluciones eficientes.
Estamos hablando lógicamente del paro obrero, que lejos de paliarse tras promulgar medidas como la reforma agraria, lo que produjo en municipios como el sanvicenteño fue incrementar su problemática: precisamente es la citada reforma un buen ejemplo que vuelve a demostrar los efectos colaterales negativos de la injerencia del Estado en cuanto a la que la planificación económica y social se refiere. Como bien es sabido, con dicha iniciativa, lo que se pretendió entre otras cuestiones fue poner en manos de los braceros los grandes latifundios privados mediante el incentivo (por no decir la obligación) de arrendamientos masivos sujetos a no poca controversia por la negación de sus dueños, lo cual provocaría grandes conflictos que llevarían incluso a la toma por la fuerza de tales tierras por parte del campesinado. Hay que decir que esta situación en San Vicente no llegó a producirse a pesar de los bulos promovidos por algunos propietarios de los terrenos ubicados en la Dehesa de Piedrabuena, quienes lo denunciaron en la prensa nacional del momento tal y como se refleja en las actas municipales. En este sentido, cabe destacar la enorme labor que el ayuntamiento desempeñó de cara a facilitar los contratos, y que llevaron al alcalde a realizar numerosos viajes a Madrid para tratar este asunto, además del verdadero problema al que tuvo que enfrentarse el municipio: la estricta normativa que obligaba a los ayuntamientos a contratar solamente a braceros locales de su término.
Este asunto, dirigido a proteger la mano de obra municipal, curiosamente, se convirtió en la espada de Damocles para San Vicente al no tener el pueblo un término municipal lo suficientemente grande como para acoger a todo su campesinado. Esto, unido a la negativa de los pueblos vecinos a hacerlo aludiendo a tal disposición, hizo que el paro se disparara dramáticamente y que el alcalde tuviera que mediar a nivel ministerial para que se publicara alguna iniciativa legislativa específica que intentara mitigar la sangría de empleo de la localidad. Al final esto pudo producirse pero transcurridos varios años desde la instauración del régimen y bajo las reticencias de las localidades vecinas que seguían viendo al bracero sanvicenteño como un intruso, y al que así trataban.
A esto hay que unir la crisis específica que golpeaba al negocio corchero y de la cual hemos hablado antes.
El resultado final fue devastador. Nuevamente las políticas municipales centraron todos sus esfuerzos en generar obra pública sobre todo tras las presiones de asociaciones de artesanos locales, sindicatos y movimientos obreros. Para ello se culminaron algunos proyectos iniciados en la etapa anterior, como fueron caminos vecinales hacia La Codosera o Salorino, unidos a los tradicionales arreglos de calles, construcción de nichos en el cementerio y adecuamiento de callejas colindantes.
Otro problema importante tuvo que ver con la inflación de precios en productos de primera necesidad tales como el aceite o la harina. Las circunstancias para este último producto siempre fueron comprometedoras si analizamos los datos de los años anteriores en los que hubo regularmente una notoria escasez de trigo que obligaría a los ayuntamientos de la Restauración a intervenir los precios y a realizar acopios.
En este período no hubo excepción: es más, como es de suponer, la intervención de mercado por parte del ayuntamiento fue más allá, prohibiendo la salida de trigo fuera del municipio dadas las circunstancias. El resultado no pudo ser peor: la aparición de un mercado negro de acopio y de venta que desembocaría en la escasez total en la disposición de pan. La situación fue tan dramática que el ayuntamiento se vio obligado a comprar hogazas a la villa de Alburquerque. Para los anales del disparate está la pérdida de un cargamento de tales víveres comprados en el pueblo vecino y perdidos en el trayecto hacia San Vicente por haberse mojado por las lluvias.
No es de extrañar, por lo tanto, que en estas circunstancias el registro de personas pobres de solemnidad aumentara notablemente, así como las peticiones de socorros pertinentes. Esto mismo unido a la poca predisposición del vecindario a cumplir con los ejercicios contributivos tal y como se argumenta en los textos, hicieron que al final del régimen se contara en la caja municipal con la paupérrima cantidad de 400 pesetas.
No obstante, y a pesar de todo, hemos de reseñar algunas aportaciones notables que la República trajo a la villa.
En materia de educación e instrucción pública, son reseñables algunos logros significativos como la conversión de las escuelas municipales de los corchos en escuelas nacionales, un viejo anhelo que no llegó nunca a concretarse en tiempos pasados. También hay que destacar el aumento del número de aulas para dar cabida a los bachilleratos (hasta ese período solamente se impartía en el pueblo la instrucción básica). Igualmente es destacable la ampliación de la cantidad de becas municipales para niños necesitados. Por último cabe mencionar la construcción de una biblioteca municipal a instancia del gobierno central, gestionada y sufragada eso sí por las arcas del ayuntamiento.
También en sanidad fueron notorias algunas mejoras conseguidas como fue el caso de la construcción de un nuevo Hospital con nuevas infraestructuras y servicios.
En lo que se refiera al ambiente cívico, no fue el quinquenio republicano un período donde imperara lo que podemos llamar como paz social.
En cuanto a los vínculos entre la administración y los estamentos eclesiásticos locales, aspecto éste que fue nuclear en le síntesis de las enormes tensiones sociales que caracterizaron el régimen en su conjunto, podemos decir que de las actas municipales se deduce una relación tensa durante el período de gobierno de Sendras, así como en los últimos meses del régimen tras la vuelta al poder de la coalición de izquierdas.
Entre otras cuestiones, se detallan iniciativas como la propuesta del que luego fuera alcalde durante el período de gobierno de las derechas señor Camisón, quien fuera erigido además como mártir de la causa nacional tal y como hemos indicado antes, en la que solicitaba la prohibición de cualquier tipo de acto procesional religioso, y al que el alcalde se opuso radicalmente. También se hacen alusiones a las proclamas que los sacerdotes locales lanzaban en los púlpitos contra la República, sobre todo como consecuencia de la aparición de nuevos tributos locales hacia la iglesia por el repique de campanas anunciantes de los oficios religiosos, y que llevó a una cierta polémica entre uno de los párrocos municipales y el ayuntamiento tras trascender la medida en la prensa provincial. Igualmente, cabe destacar el episodio derivado de la colocación de una sirena en el ayuntamiento (que lindaba precisamente con la iglesia) para el anuncio de los entierros civiles, un hecho que fue considerado como una afrenta por el estamento eclesiástico. Al respecto y como anécdota, podemos añadir que durante la guerra, la sirena fue donada por el ayuntamiento gestor del pueblo al de Badajoz, con la intención de que fuera utilizado para los avisos de los bombardeos de la aviación enemiga.
En lo que se refiere al ambiente de convivencia cívica, se puede adivinar que la sociedad sanvicenteña no quedó al margen de la cuestión de la lucha de clases, un aspecto igualmente cardinal que condicionó sobremanera el panorama no sólo político sino también social en los pueblos y ciudades de la España republicana.
Ya comentamos antes la importancia que adquirieron en el período las asociaciones profesionales entre la que destaca sobre todo una de ellas, La Hormiga, colectivo que aglutinaba a obreros de la construcción y que asumieron una voz destacaba al frente de las reivindicaciones frente al paro tan acusado que se estaba produciendo en el pueblo. Tales presiones, unidas a otras consideraciones particulares, condicionaron la renuncia del alcalde Sendras, dando así lugar a un período aún más contestatario por parte de la masa obrera que, aunque sin llegar al grado de otros lugares del país, no dudaron en alzar sus peticiones ante el lento desempeño de las reformas iniciadas con el advenimiento del nuevo régimen, y ralentizadas sino paralizadas durante el gobierno de la CEDA.
Precisamente fue durante este período cuando se llevó a cabo uno de los episodios más escabrosos que refleja como ningún otro el frentismo de los dos bloques radicalizados en su máxima expresión. Fruto de la cada vez más insostenible crispación social, bajo el mandato de Ramón Camisón, se produjo el cese por parte del gobernador civil de la provincia de los concejales socialistas y comunistas más contestatarios, volviendo así a las artes caciquiles de la época de la Restauración. Dicha decisión se revocó con la llegada del Frente Nacional al poder ya en febrero de 1936, procediéndose de la misma forma al cese de todo el equipo de Camisón. Además, sobre el ex acalde se acabó iniciando un procedimiento judicial en base a una supuesta mala praxis en la gestión económica tras los resultados de una auditoría de dudosa objetividad. La causa acabó siendo sobreseída tras el estallido de la guerra y cuando el exedil llevaba muerto ya varios meses.
El período que trasciende entre febrero y agosto de 1936 fue, sin lugar a duda, el más beligerante como así se destila de lo escrito en las actas municipales a propósito de la jerga empleada. Esto contrasta mucho con la moderación y el espíritu conciliador mostrado en los dos períodos anteriores. Es un hecho objetivo apuntar a que nos encontramos ante un ayuntamiento radicalizado y regido por una masa proletaria destinada a despachar las causas que atañían al mismo segmento social. Todo ello quedaba vertebrado a partir de argumentos que se ceñían en favor de una supuesta mayoría (así se refería en algún acta), y sobre la que sustentaban decisiones de gestión económica que llevaron a las maltrechas arcas municipales prácticamente a la ruina total.
Además. el clima de concordia de los primeros años había desaparecido, lo cual era una prueba irrefutable del polvorín que se estaba fraguando y que se convertiría a la postre en la tormenta perfecta que desembocaría en el pronunciamiento militar del 16 julio de 1936. No obstante, la onda expansiva del alzamiento no llegaría al pueblo hasta un mes después, el 17 de agosto, fecha en la que se produjo la toma y ocupación de la plaza por parte de las tropas nacionales del Capitán Luna venidas desde Cáceres.
Para ahondar un poco en el clima de esos días no nos podemos referir a lo recogido en los documentos oficiales, simplemente porque no aparece reflejados: muy al contrario, poco o nada se menciona de los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país. Solamente se puede detectar la anormalidad del momento por la brevedad de los asuntos despachados en las sesiones plenarias, y por el hecho de la ausencia de correspondencia oficial enviada desde la gobernación. No obstante, en ningún momento se menciona nada de la excepcionalidad de las circunstancias. De hecho, es singularmente significativo que el acta del 15 de agosto trascendiera con total normalidad en cuanto a los despachos habituales, y ya en la del día 17 lo que se recogiera en el mismo fuese la toma del municipio y la proclamación de una gestora militar además de otra administrativa designada por la primera, y que ocuparían personas afines a la causa (muchos de los cuales fueron rescatados de anteriores administraciones tanto republicanas como monárquicas).
Por lo tanto, sí se quiere vivenciar el impacto que supuso el abrupto cambio de régimen en el municipio hay que recurrir a las memorias de algunos testigos que vivieron en primera persona aquellos días. Es el caso de los testimonios del ferroviario Federico Martín Amor pero sobre todo de Enrique Santos, el que fuera después primer alcalde democrático tras la caída del régimen franquista, y que en aquellos primeros días de la guerra ejercía en Badajoz como secretario del gobernador civil de la provincia.
En su obra de memorias El secretario, detalla con bastante hondura los acontecimientos vividos tanto en la toma de Badajoz como en la de San Vicente. Los testimonios son desgarradores y no dejan indiferente a nadie dada la dureza de los episodios. Hay que subrayar que la obra no pretende servir para afianzar la visión sesgada de los acontecimientos sino para que, a partir de los hechos narrados, se pudiera despertar una consciencia colectiva de reconciliación que sirviera para impedir la repetición de latrocinios como los que se vivieron en España en ese período, sobre todo en las retaguardias de los dos bandos (como así asevera el autor en su introducción).
Con ese fin, se nos relatan anécdotas que recogen las barbaridades que en San Vicente se cometieron tras la ocupación del municipio, una operación que en sí no fue dificultosa para las tropas del ejército venidas en tren desde la capital cacereña puesto que encontraron poca resistencia. Lo escabroso vino después:
Podemos citar, por ejemplo, los desfiles de la vergüenza en la que participaron mujeres consideras como rojas, y a las que desnudas, rapadas, embadurnadas en aceite de ricino y en ocasiones acompañadas por sus propios hijos, se les hizo procesionar por las calles del pueblo tras la toma del municipio.
También se hace referencia a los asesinatos selectivos hechos por fuerzas represivas (el llamado paseíllo) que tuvieron lugar en los meses posteriores y comandados tanto por vecinos de la localidad como por agrupaciones venidas de fuera del municipio, y que llevaron a otros vecinos a las fosas comunes repartidas por varios lugares del término (el cuarto abajo, puerto élice, los cerros altos, el cementerio…).
De todos estos macabros sucesos, como era de esperar, no se da cuenta en las actas plenarias ya que como apunta Enrique Santos en sus memorias, se dio orden expresa de no hacerlo: acaso solamente la denuncia del asesinato del exalcalde Camisón, aunque nada se dice del cruel ajusticiamiento sin causa judicial previa tortura del otro edil republicano, Antonio Sendras. También se mencionan algunas detenciones y puesta en manos de los juzgados de Alburquerque de ciertos enemigos de la causa nacional como fue el caso del sepulturero municipal, acusado de acumular y esconder armas presumiblemente recogidas entre los cadáveres de las milicias rojas.
En cuanto al contenido de los registros oficiales, la información recabada apunta a asuntos más triviales que de leerlos sin tener en cuenta el trasfondo del momento, pudiera hacernos pensar que en la villa se disfrutaba de una aparente normalidad tras la ocupación militar.
No obstante hay alguna llamada de atención que nos debe poner en sobreaviso de que esto no fue así. Nos estamos refiriendo al cambio sustancial en cuanto a la situación económica de las arcas municipales, las cuales en poco tiempo pasaron de poco menos de 400 pesetas a más de 37.000. El motivo de este cambio hay que buscarlo en la llamada “recaudación de apremio”, citada como tal en las actas y explicada en detalle por Santos en su ensayo: realmente nos encontramos ante un mecanismo de recaudación que rozaba la extorsión, y con la que en muchas ocasiones se llevaba a algunas familias prácticamente a la mendicidad. Con tales recursos, además del gasto corriente habitual, se sufragaron otras cuestiones relativas a las necesidades militares del bando (como donativos para la reparación de un acorazado o el mantenimiento de los Hospitales de sangre). También sirvió para el mantenimiento de un comedor social para pobres cuya gestión fue objeto de polémica dada la lucha por su titularidad, primero municipal y luego ya en manos de Falange tras su requerimiento forzoso mediante petición a la gobernación.
Por lo demás, y si obviamos la nueva retórica de exaltación patriótica en base a los nuevos valores consignados, los asuntos despachados continuaban siendo la asignación de socorros, bajas y altas en el catastro, gastos corrientes, bajas de arbitrios por pérdidas de cosechas de vinos, indemnización por pérdidas de carnes en mal estado y en definitiva, un intento por preservar una costumbre que lidiaba su propia guerra por seguir manteniéndose como siempre se había dado. Al fin y al cabo, la vida en el pueblo tenía que continuar.
Fuente de la imagen: Archivo fotográfico del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.
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